“No podemos dejar de tener presente que Pontevedra y Galicia colindan con un mercado laboral muy competitivo con un SMI por debajo de los mil euros, como es Portugal, y esto tiene un impacto directo sobre la contratación, por no mencionar que el tejido productivo gallego está compuesto por pymes en un 99,5%, frente a otras provincias con mayor presencia de multinacionales. El propio coste del nivel de vida en Galicia debería de contemplarse para moderar cualquier alza salarial”, expone Cebreiros.

En cualquier caso, la CEP respalda la decisión adoptada en la Junta Directiva de CEOE, que acordó trasladar al Ministerio de Trabajo su apuesta por la moderación salarial para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Tal y como explicaron en un comunicado conjunto CEOE y CEPYME, la CEP se suma a ambas organizaciones empresariales en cuanto a la toma de consciencia del impacto de la inflación en las rentas más bajas, al tiempo que apuntan a que mantener el empleo es la prioridad para 2023, lo cual conlleva acompasar la propuesta de incremento acompasado al actual contexto económico.

“Desde la CEP insistimos en que la recuperación ha sido desigual por sectores y una subida excesiva perjudicaría la conservación del empleo. En el caso de Galicia, además, debe tenerse presente la presión a la que están sometidas las empresas con el anuncio de la subida del peaje en la AP9, un año más”, acotó el presidente de la confederación pontevedresa, quien volvió a solicitar que se traspase la gestión de la infraestructura a la Xunta de Galicia y que se dé por amortizada y los peajes se estabilicen de forma definitiva.

Propuesta de la patronal

Por otro lado, CEOE y CEPYME apuntaron que su posición tiene en cuenta la valoración de los parámetros que determina el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para fijar este incremento del SMI: la inflación, la productividad media alcanzada, el incremento de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

En este sentido, cabe recordar que, tal y como apuntaron las dos confederaciones nacionales, previsiblemente, la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2% durante el próximo año, algo que penaliza también a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales, entre otras cargas.

Esta evolución de los precios coincidirá con crecimientos del PIB en el entorno del 1% durante el próximo año, con una economía española que todavía no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia.

En cuanto a la productividad, si bien en 2022 está aumentando, las caídas acumuladas en los últimos años dan lugar a que los niveles de productividad por ocupado en el tercer trimestre del año estén un 4,9% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Por su parte, la participación de las rentas del trabajo representa ya el 47,5% de la renta nacional en 2022, superando en 1 punto la previa a la pandemia.

También cabe recordar que el salario mínimo incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la gran mayoría del tejido productivo, puesto que presentan menores niveles de productividad y, por tanto, salarios más bajos.

Con todas estas variables sobre la mesa, a la vista de la convocatoria del Gobierno con relación al SMI y del informe emitido por el grupo de expertos, la posición de las organizaciones empresariales es un incremento del SMI del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la subida aplicada a los funcionarios (3,5%).

Esta subida estaría supeditada al cumplimiento de dos de las peticiones que reiteradamente han planteado CEOE y CEPYME al Gobierno: establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes; y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.