En un comunicado conjunto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) consideran que si la Ley del Cambio Climático y Transición Energética sale adelante sin modificaciones en la redacción del artículo 18, que establece que los plazos de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre computan desde su otorgamiento e incluyen todas sus prórrogas, lo que los limita a 75 años, "muchas empresas del sector ubicadas en la costa –solo en Galicia más de 100, entre las que se incluye la biofábrica de Ence en Pontevedra-, se encontrarían ante el inminente fin de su autorización".

Ambas organizaciones empresariales rechazan la redacción del artículo 18 "porque genera inseguridad jurídica e inestabilidad, paralizando las inversiones de empresas que están desarrollando su actividad sin problema y que además deben situarse necesariamente en la franja litoral para ello, por tratarse en su mayoría de depuradoras y cocederos de marisco, plantas acuícolas o conserveras", reza el comunicado.

Tanto CEOE como CEG consideran que el trabajo de las administraciones debería estar orientado en la línea de afianzar los puestos de trabajo y de las industrias de este sector "en lugar de poner en riesgo numerosas instalaciones –en la comunidad gallega también afecta a casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina- y miles de empleos".

En el caso concreto de Galicia, la patronal gallega insiste en que bajo su parecer "se están obviando las singularidades de la costa gallega -que ocupa 1.700 kilómetros-, su importancia para el sector industrial y en definitiva para el conjunto de su economía, por lo que la regulación debe equilibrar la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma y por tanto de sus sectores productivos".

Así las cosas, CEOE y CEG confían en que se produzca una "recapacitación y negociación de última hora" en el Senado, obligando al Congreso a volver a pronunciarse sobre la ley, saliendo adelante en el sentido deseado por ambas organizaciones.