Así se ha decidido por unanimidad -al igual que los demás acuerdos adoptados-, en las reuniones de los órganos directivos de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) celebradas este martes de forma telemática. Entre los asuntos tratados en el orden del día figuraron las líneas de actuación para el Diálogo Social -con especial atención a las consecuencias derivadas de la pandemia de covid-19-; y la información sobre las cuentas de la patronal gallega.

Candidaturas

De cara a la celebración de la Asamblea General Electoral y en lo que respecta a las propuestas para la elección, únicamente podrán ser presentadas por organizaciones integradas en la misma -confederaciones provinciales o asociaciones sectoriales-, permitiéndose a cada organización presentar una sola candidatura. Además, el aspirante deberá ser miembro de la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Galicia, tal y como recogen sus Estatutos.

La patronal gallega lleva los últimos dos años y medio dirigida por la junta de vicepresidentes, después de que en enero de 2018 dimitiera el anterior presidente, Antón Arias, y desde entonces no prosperaran los intentos de elegir un candidato de consenso entre las diferentes confederaciones provinciales.

IVA de servicios educativos y sanitarios

En otro orden de asuntos, la CEG ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado acabe con la exención del IVA aplicable en la actualidad a los servicios educativos y de atención hospitalaria cuando se presten por una entidad privada.

La patronal gallega considera que se trata de una medida "negativa" a todas luces, "ya que por una parte derivaría en una reducción en la demanda de tales servicios por parte de sus consumidores, teniendo en cuenta sobre todo la etapa de recesión económica a la que estamos asistiendo en la actualidad; y desde el punto de vista empresarial, supondría un riesgo evidente de destrucción de empresas y una importante pérdida de cientos de puestos de trabajo en Galicia". Además se debe tener en cuenta el incremento del gasto público anual derivado de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellas personas que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación, apunta la patronal gallega en un comunicado.

Así, la CEG considera que esta medida "atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos y dificulta la colaboración y la completitud de los servicios comentados, con la correspondiente merma en la eficacia y en la eficiencia de los mismos".