Subraya el impacto en el empleo que supondría el cierre de la pastera
La CEG se suma a la defensa de la continuidad de Ence en Pontevedra
Afectada por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y pendiente de sentencia de la Audiencia Nacional respecto a la vigencia y legalidad de la prórroga de la concesión de Costas que el Gobierno de España otorgó a la planta en 2016 hasta el 2073, la empresa debe adoptar decisiones importantes de inversión y modernización en caso de que pueda continuar su actividad y para eso necesita seguridad jurídica, señala la patronal gallega.
Recuerdan desde la CEG que el cierre de Ence "no solamente supondría la pérdida de 800 empleos directos en Pontevedra, a los que habría que sumar 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logístico y del transporte, y 2.100 empleos más del sector forestal de toda Galicia, sino que también se perderían parte de los compromisos de inversión de la pastera cuyo Plan Estratégico 2019-2023 contempla un gasto de 350 millones de euros, lo que supone empleo y actividad económica durante este período no solo para la provincia sino para toda Galicia".
"Teniendo en cuenta que estamos atravesando una pandemia que, además de la crisis sanitaria, está conllevando una crisis económica sin precedentes a nivel mundial; y que deberíamos abogar por una política industrial y de implementación de políticas públicas con el objetivo de incrementar el peso de nuestro tejido industrial sobre el PIB industrial que conduzca a la economía a mayores tasas de crecimiento a largo plazo, no se entendería un final diferente para la biofábrica que el de la posibilidad de confirmar lo antes posible su permanencia y continuidad en la Ría de Pontevedra, que permita continuar con la ejecución de los planes de inversión previstos y que deben ser abordados cuanto antes", concluye el comunicado de la patronal.