La modificación proyectada del Reglamento General de Costas pretende que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años se contabilice desde el plazo inicial de la concesión, y no desde el año en que fue tramitada la renovación de la misma. Un cambio que, destacan desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), supondría el cierre de Ence y la afectación de un total de 100 empresas y de casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina.

Señalan en un comunicado desde la patronal gallega que "al inesperado cambio de criterio" de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de renunciar a la defensa de su propia decisión de prorrogar la concesión de la biofábrica de Pontevedra por la que la concesión caducaría en 2033 y no en 2073 como había sido comprometida en 2013 por 60 años más; "se suma ahora la preocupación ante la propuesta de modificación urgente del mencionado reglamento que además de a Ence pone en serio riesgo el futuro del sector del mar de Galicia, como conserveras y depuradoras entre otras instalaciones, así como al resto de concesiones, desde hoteles y restaurantes hasta edificios públicos".

Repercusión del cierre de Ence

Alertan desde la CEG que "solamente poniendo el foco en la repercusión del cierre de Ence las cifras provocan pavor". Está fuera de toda duda que si las tesis del allanamiento son aceptadas en las sentencias de los tribunales y se anula la prórroga concedida, se provocará una destrucción de empleo sin precedente en toda Galicia ya que la planta de Ence dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que hay que sumar 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logístico y del transporte, así como 2.100 empleos más del sector forestal gallego.

Recuerda la patronal que cada día entran 300 camiones en la celulosa pontevedresa; ésta supone la mitad del tráfico del puerto de Marín -se exporta el 95% de la producción-; y el 30% de las personas empleadas en el sector forestal gallego dependen de su actividad. Además, el cierre de la pastera provocaría la caída a la mitad de la demanda, lo que causaría "una fuerte bajada de precios" que afectaría a más de 200.000 familias productoras forestales.

Igualmente con el cierre se perderían, añade el comunicado, los compromisos de inversión de la pastera cuyo Plan Estratégico 2019-2023 contempla un gasto de 350 millones de euros durante este período en Pontevedra, lo que supone empleo y actividad económica durante este período no solo para la provincia sino para toda Galicia.

El comunicado de la CEG también hace referencia a las consecuencias para los contribuyentes españoles del cierre de Ence Pontevedra, ante una posible demanda de responsabilidad patrimonial de la empresa a Estado de "devolución de todo lo invertido (122 millones de euros) desde la orden ministerial de prórroga de la concesión".