Antonio Fontenla, representante de la Junta de Vicepresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha participado este miércoles en Madrid en la junta directiva de CEOE, en la que se ha valorado aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de los proyectos de Ley sobre las tasas que prevén gravar determinados servicios digitales y las transacciones financieras, las conocidas como Tasa Google y Tasa Tobin.

En lo que se refiere al impuesto digital para que las compañías tributen en el mercado español, la patronal gallega se suma a la reivindicación de CEOE y Cepyme de que éste debe abordarse de forma armonizada desde la UE para evitar que afecte a la competitividad de España, y por tanto de Galicia.

La CEG avisa de la necesidad de que, en todo caso, se evite que acabe afectando a empresas españolas y gallegas que ya pagan impuestos y que por tanto se encontrarían en una situación de doble imposición.

Asimismo, la patronal gallega considera que la conocida como Tasa Tobin castiga de forma clara a las empresas españolas y gallegas que operan en mercados regulados dentro del país. Por lo tanto, consideramos que este nuevo impuesto puede acabar moviendo muchas inversiones hacia otros países o hacia mercados no regulados, "motivo por el cual insistimos en la reclamación de una armonización con el resto de los países europeos", señala la CEG en un comunicdao.

Propuesta de modificación de la regulación de la subcontratación

En la junta directiva de CEOE también se abordaron cuestiones de la esfera laboral que "pueden incidir de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía española y gallega". En concreto, se refieren a la propuesta de modificación por parte del Ministerio de Trabajo de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación de obras y servicios (artículo 42), "pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral", aclaran desde la patronal gallega.

La CEG considera que la propuesta del Gobierno "podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo, y por ello no podemos apoyarla". En la actualidad, la economía gallega y española -señala la patronal- se basan en un modelo ya consolidado de descentralización y colaboración, en el que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. Esto ha generado un tejido empresarial muy sólido. Sin embargo, "una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas de nuestras empresas", añaden.

Concretamente, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo. A esto se añade que no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración. "Por tanto, vemos claramente que la solución planteada por el Ministerio podría generar riesgos no medidos", añade la nota de la CEG.

La patronal gallega sí reconoce que existen "unos efectos no deseados" de la reforma laboral de 2012 que se circunscriben a la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. "Esto ha dado lugar a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que no amparamos ni compartimos", valoran. Para eliminar este efecto no deseado y no hacer desaparecer del ordenamiento una "figura clave" como es la subcontratación, "desde la CEG nos sumamos a la propuesta de CEOE y Cepyme de que las condiciones salariales y de jornada de las personas trabajadoras se regulen en estos casos a través de la negociación colectiva sectorial, legitimando al convenio de empresa a regular las cuestiones que conciernen a su organización interna".