En el marco de un encuentro con los agentes económicos y sociales gallegos celebrado en la Delegación del Gobierno en Galicia, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) trasladó a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, un documento con las principales demandas y preocupaciones del empresariado gallego que le atañen por su ámbito de competencia.

Paliar la pérdida de peso del sector industrial sobre el PIB sufrido en los últimos años debe ser una prioridad; por lo que alcanzar el 20% es un objetivo imprescindible para que Galicia se incorpore al tren de las regiones más desarrolladas de la UE. Es por ello por lo que, tal y como reclama Juan Manuel Vieites “solicitamos el apoyo del Gobierno para que Galicia sea partícipe de los proyectos estratégicos y tractores que con el apoyo de los Fondos Europeos se desarrollarán durante los próximos años y que ello contribuya a favor de la reindustrialización de Galicia, especialmente de determinadas comarcas y sectores especialmente afectadas por la reconversión industrial de las últimas décadas”.

De todas formas, y en este sentido, la CEG se reitera en que todavía no se dispone de un marco normativo conocido sobre la forma en que se van a gestionar dichos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que debería aclarar el rol a desarrollar por cada una de las administraciones implicadas, los criterios de reparto y los mecanismos y procedimientos para concurrir por parte de las empresas con sus propuestas. Así es que es preciso que se establezcan a la mayor brevedad estas normas. Precisamente estos Fondos Europeos son los que tienen que contribuir a la finalización de una red de infraestructuras que vertebre Galicia y las cohesiones con el resto de España y con Europa, resultando imprescindible para ello comprometer los recursos necesarios y ejecutarlos con rigor. Así como también se debe equilibrar el desarrollo territorial del país y revertir el proceso de abandono de la denominada “España vaciada”, “reduciendo –en palabras del presidente de la CEG- la brecha digital de comunicaciones de internet y móviles en el rural”.

Fiscalidad

Juan Manuel Vieites trasladó a Nadia Calviño en la necesidad de una reforma fiscal justa y sin agravios entre territorios, apostando por un modelo de reduzca y simplifique fiscalidad, considerando imprescindible “reducir la presión fiscal mediante la reducción de impuestos y tasas; especialmente en los sectores más afectados por la pandemia y ofreciendo mayores facilidades de pago y aplazamiento de deudas tributarias; bajar el impuesto de Sociedades; suprimir los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio; y promover que a nivel local se produzcan las reducciones que correspondan en los impuestos municipales”. A estas medidas, y para evitar el correspondiente perjuicio para las empresas y profesionales que trabajan y operan conforme a la ley, la Confederación de Empresarios de Galicia considera imprescindible poner los medios necesarios para reducir el impacto de la economía sumergida que en España representa más del 20% del total, valor muy superior a la media de la Unión Europea.

Ley de Cambio Climático

 Igualmente, y aunque parece que en el Senado se ha enmendado la incertidumbre que generaba en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética la referencia a la retroactividad y sus nefastos perjuicios para las empresas, la CEG considera necesario -y así se lo ha hecho saber a la ministra Nadia Calviño-, garantizar el compromiso correspondiente del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios de los que forman parte en el trámite parlamentario previo a su aprobación definitiva, y en todo caso, promover una mayor colaboración entre el Estado y Galicia en la gestión del litoral. “De otro modo –en palabras de Juan Manuel Vieites-, se daría lugar a un marco de inseguridad jurídica y litigiosidad, con un impacto muy negativo en el sector industrial de Galicia”.

Como en reuniones anteriores mantenidas con representante spúblicos, el presidente de la CEG insistió en la urgencia de profundizar en medidas que simplifiquen los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de respuesta de las administraciones y coordinar los diferentes trámites que puedan afectar a una iniciativa o proyecto empresarial.