La patronal gallega aduce que el estatuto de la industria electrointensiva que se establezca debe fijar un marco eléctrico justo y estable, con un precio competitivo de la energía que garantice la continuidad de empleo y actividad. Solo ante esta situación de certidumbre podrán llegar las ofertas para las plantas que están en riesgo en empresas como Alcoa, Ferroatlántica, Celsa, Megasa, Ence, Finsa, Intasa o Showa Denko Carbón, entre otras.

"Para garantizar la viabilidad de estas empresas, que basan sus procesos en la energía eléctrica es esencial trabajar de forma inmediata en la búsqueda de la estabilidad del marco energético y evitar así el vacío industrial de Galicia", señala la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en un comunicado remitido a los medios de comunicación

Ence

El comunicado también hace referencia a la situación de Ence-Pontevedra, empresa de la que se destaca el elevado número de puestos de trabajo que dependen de ella, tanto directos como indirectos: más de 5.000 entre la plantilla fija de 400 empleados, 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte y los más de 2.100 empleos en el sector forestal; empleos "que están en el aire si no se le concede la prórroga para continuar con la actividad".

"El impacto de su cierre no solo tendría repercusión económica en la comarca y la provincia de Pontevedra –representa el 28% de su PIB- , sino en toda Galicia", recalcan desde la patronal. Las exportaciones de la fábrica de Lourizán alcanzan el valor de 200 millones y aporta más de 33 millones de euros en impuestos a las arcas públicas.

"El cambio de criterio del Gobierno en cuanto al allanamiento en la defensa de la prórroga concedida a la empresa para seguir 60 años más no solo afecta a la continuidad de Ence sino que desmotiva a posibles inversores, tan necesarios en estos momentos", concluye el comunicado de la CEG.