Los miembros del consejo de administración del puerto coruñés, que representan a instituciones y colectivos sociales y empresariales, incidieron en general en destacar la importancia del ferrocarril para completar la operatividad del puerto de Langosteira y propiciar el incremento de la actividad de carga y descarga de mercancías, así como para facilitar la captación de nuevos tráficos, clientes e inversores. La misma reivindicación la trasladaba esta misma semana la Cámara de Comercio de A Coruña.

Sobre este asunto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, recordó que el Protocolo suscrito el 18 de abril de 2018 entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, Puertos del Estado y la propia Autoridad Portuaria recoge la construcción del enlace con cargo a fondos del Ministerio, además de una aportación de la Xunta de hasta 20 millones de euros para garantizar la titularidad pública de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Subrayó asimismo que, desde hace más de dos años, Puertos del Estado expresó en diferentes ocasiones su compromiso de tramitar el proyecto ante ADIF, pero que el compromiso no llegó a materializarse.

“Es importante recordar –indicó Enrique Losada- que todos los grupos políticos aprobaron resoluciones en el Congreso de los Diputados, el Parlamento gallego, el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación Provincial reclamando la urgente ejecución de la obra sin que suponga una nueva carga para la Autoridad Portuaria, pero tampoco ha habido avances en este sentido”, añadiendo que “la carencia del ferrocarril provoca una pérdida de competitividad del Puerto Exterior, impide el traslado de todos los graneles a Langosteira, se bloquea por ello la liberación de los muelles urbanos y, como consecuencia, se pone en entredicho la solución a la deuda de la Autoridad Portuaria”.

Con la situación actual, Punta Langosteira será el único puerto de toda la cornisa cántabro-atlántica sin acceso ferroviario, y prácticamente el único de España, por lo que reclamó la urgente licitación de la obra, pudiendo aprovecharse además la oportunidad que suponen los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. En este sentido, lamentó la ausencia de partidas específicas para ejecutar la obra en el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2021, carencia que aún puede ser corregida en el trámite parlamentario, en contraposición con la condonación de la deuda al Consorcio Valencia 2007, que sí figura de forma explícita.

Obras aprobadas

En esta reunión, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria coruñesa aprobó la licitación de las obras correspondientes a una explanada de 23.000 metros cuadrados en Punta Langosteira, anexa al nuevo muelle que se acaba de terminar, así como del vial de acceso a la zona, por un importe conjunto de 2,5 millones de euros. De esta forma, en el segundo semestre de 2021 estarán completamente operativos los 1.550 metros de línea de atraque continua en Punta Langosteira, respondiendo a la demanda de los operadores. Y la superficie de explanadas superará ya los 2 millones de metros cuadrados.

En relación con el puerto interior, el consejo aprobó la extinción de la concesión de Bunge, que ya viene utilizando el Puerto Exterior para la importación de cereales. De esta forma, culmina el proceso para poder liberar los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Los silos de Bunge serán demolidos en los próximos meses, al igual que los de Alu Ibérica, los de Oleosilos de Galicia y las antiguas instalaciones de Cementos del Cantábrico. La Autoridad Portuaria cierra así la fase de negociaciones con todas las empresas concesionarias de este ámbito, cumpliendo su compromiso de cara a posibilitar la desafectación de estos muelles, aunque hasta el momento no se ha podido avanzar en las conversaciones relativas a sus usos futuros y fórmulas de desafectación.

Medidas frente a la crisis

Finalmente, Enrique Losada detalló las medidas que se han implementado con el objetivo de apoyar a las empresas portuarias que se han visto afectadas por la crisis sanitaria. Se han rebajado tasas por importe de 650.000 euros y se han aplazado pagos por 5,4 millones, con lo que el impacto supera los 6 millones de euros. Además, se mantiene el pago a los proveedores en el menor plazo posible, siempre por debajo del límite legal de 30 días, con la finalidad de facilitarles liquidez, al igual que se viene haciendo desde la semana anterior a la declaración del estado de alarma en el mes de marzo.