Junto a esto, tras cien días de gobierno en funciones y en plenas negociaciones los últimos intentos de acuerdo para alcanzar la mayoría que nos saque definitivamente de este barullo político en el que estamos inmersos a día de hoy, los autónomos de Galicia, desde AUGA, exigen que "se forme el gobierno que se forme se tenga en cuenta la complicada situación que estamos atravesando en el colectivo y garanticen la progresividad en las cuotas, rebajen la presión fiscal y el acoso continuo a lo que estamos sometidos por Hacienda, un sistema digno de protección y seguridad social y hagan cumplir la Ley de Morosidad".

Para AUGA son urgentes medidas que cambien definitivamente el rumbo que llevamos. "No podemos seguir asumiendo el sistema de cuotas a la Seguridad Social que actualmente existe. Pedimos que los autónomos puedan tener de una vez por todas un sistema progresivo de cotización en función de los ingresos y que se mire a Europa también a la hora de fijar estas cuotas".

En este sentido, Domínguez destaca que "conviene recordar que los autónomos en Portugal no pagan cuotas, sólo el 24,5% de lo que ingresan anualmente, en Francia tampoco se paga nada el primer año y a partir del segundo la cuota es variable en función de los ingresos, en el Reino Unido pagan una cuota fija de entre 13 y 58 euros, sin declaración trimestral de IVA tan sólo pagando al final del ejercicio fiscal en función de las ganancias y en Holanda, tan sólo 50 euros anuales".

Protección y seguridad social

Además de un cambio radical en el sistema de cuotas a la Seguridad Social, desde Autónomos de Galicia reivindican la necesidad de mejorar la protección social del colectivo de trabajadores autónomos en cuanto a "garantizar prestaciones reales por cese de actividad, garantizar medidas que faciliten la conciliación real de la vida laboral y familiar y garantizar pensiones de jubilación dignas en igualdad con los asalariados".

Tolerancia cero a la morosidad

Por último, Lisardo Domínguez cree fundamental que el nuevo gobierno "haga cumplir la Ley de Morosidad, es un verdadero descaro que la propia administración sea la primera en obviar la normativa vigente. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda reconocen un promedio de 42,4 días de plazo medio en el que pagan, por ejemplo, las comunidades autónomas, cuando la Ley fija 30 días de plazo máximo. Muchos son los autónomos y las pequeñas empresas que no pueden soportar estos retrasos y se ven obligados a cerrar las puertas de su negocio. Estamos consintiendo verdaderas injusticias".

Ante lo actual panorama político y económico, Domínguez remata señalando ?la urgencia de un gobierno estable que fortalezca la economía de nuestro país, la urgencia de un gobierno que transforme definitivamente las condiciones de los autónomos y autónomas y la urgencia de un gobierno que apueste decididamente por el colectivo con medidas de futuro y de calidad?.