El Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que representa a los Colexios de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra y está presidido por Pelayo C. Eyo Valladares, considera que la “división del contrato en lotes” prevista en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) puede favorecer la participación de las pymes en la contratación pública. Por ello Consello Galego aconseja que la nueva ley gallega de arquitectura siga la pauta de la LCSP, que “consolida la regla general de división del contrato en lotes, siendo excepcional su contratación conjunta, lo que facilita el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas”. Los aparelladores de Galicia recomiendan también que la nueva norma “priorice los aspectos cualitativos [de la arquitectura] sobre el precio o coste de los concursos de ideas y la redacción de proyectos que se liciten”.

El Consello Galego de Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ya envió a la Consellería sus aportaciones a la nueva Lei de Arquitectura. El periodo de consultas previas finalizó en enero de 2021. Estas consideraciones, junto a las de otras entidades del sector, serán analizadas por la administración. El Gobierno gallego se comprometió a incorporar cuestiones que enriquezcan el texto legislativo, en fase inicial. El anteproyecto de ley será redactado por la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Posteriormente será enviado al Consello de la Xunta, que debe autorizar la tramitación. Su aprobación final corresponde al Parlamento de Galicia.

Comisiones y grupos de trabajo

Los aparelladores agradecen la consulta de la Xunta y solicitan que sen atendidas sus observaciones. Porque creen que, ante la “complejidad” del reto de elaborar la Lei de Arquitectura, “es capital la participación activa de todos los agentes que intervienen en el pluridisciplinar proceso edificatorio y el urbanismo”. El máximo órgano de representación de esta profesión en Galicia cree “esencial” su participación “en cuantas comisiones o grupos de trabajo se creen para elaborar esta ley”. Reitera a la Xunta su ofrecimiento de colaboración.

Los aparelladores advierten que la contratación de la Dirección de la Ejecución de la Obra (que corresponde a los arquitectos técnicos en exclusiva del control cualitativo y cuantitativo) y la Coordinación de Seguridad y Salud “deben licitarse de forma independiente de la contratación del proyecto y de la Dirección de Obra. ¿Por qué? “Porque nos encontramos ante agentes y figuras diferenciadas en el proceso de edificación, con funciones y responsabilidades específicas”. El Consello Galego recomienda, por otra parte, que la ley tenga en cuenta la rehabilitación energética a través de la transformación “rentable y viable” de los edificios.