En una reunión este lunes con el comité de empresa de Alcoa, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, demandó medidas efectivas que rebajen el precio de la electricidad y anunció alegaciones al Estatuto de consumidores electrointensivo elaborado por el Gobierno central.

“Lamentablemente, según van avanzando los meses estamos cada día en una situación más delicada. Comprendemos y compartimos la inquietud del comité de empresa y de las familias”, afirmó Feijóo, incidiendo en que no solo se trata de un problema que afecta a los 2.000 trabajadores de la planta de San Cibrao, sino también a un conjunto de empresas en la provincia de A Coruña; “estamos hablando de un total de 5.000 familias sin viabilidad en sus puestos de trabajo en los próximos meses”.

A lo largo del encuentro, Feijóo denunció que el nuevo estatuto de las industrias electrointensivas es “la sentencia clara” para que estas empresas vayan cerrando de forma consecutiva. “Este estatuto es el acta de defunción de las empresas que utilizan la energía como materia prima determinante en sus costes”, abundó, refiriéndose también a la decisión del Estado de incrementar el número de posibles empresas beneficiarias pasando de 119 a 600; un incremento que favorece sobre todo a Cataluña y País Vasco y que, por el contrario, perjudica a las industrias que consumen más electricidad como es el caso de Galicia.

Sobre este punto, Feijóo recordó que Galicia lleva 11 años trabajando para que Alcoa tenga precios competitivos de la luz. Y hasta “2018 lo conseguimos”, dijo, precisando que mientras el precio de la luz hasta esa fecha estaba entre los 35 y los 37 euros por megavatio/hora, ahora está entre los 47 y los 55 euros por megavatio/hora, un precio que hace que Alcoa no sea viable.

Alegaciones de la Xunta

Feijóo expuso que las alegaciones que presentará el Ejecutivo autonómico, “coincidentes con el comité de empresa de Alcoa”, entran dentro del marco europeo y de la potestad fiscal que tiene España para regular los impuestos que gravan la energía. Al respecto, incidió en la necesidad de desarrollar una política fiscal que grave con menos impuestos a energía que consumen las empresas hiperelectrointensivas; así como establecer cuantías como las que había anteriormente en el ámbito del CO2 y en el ámbito de la ininterrumpibilidad. Unas medidas que se aplican en Francia y Alemania y que también se venían aplicando en Galicia.