“Ayer estuvimos intentando acercar posturas durante más de 10 horas, prácticamente hasta la extenuación física y psicológica. Nos consta que las dos partes hemos hecho esfuerzos relevantes, teniendo en cuenta que partíamos de posiciones muy distantes”, declararon desde las patronales Asime, Instalectra y Atra.

El preacuerdo de convenio colectivo para los años 2023 a 2025 establece, en materia salarial, incrementos del 9% (3% en cada uno de los años), con hasta un máximo de 2% adicional anual si el IPC estuviese por encima de la subida acordada, contemplando asimismo atrasos y su inclusión en tablas salariales.

Respecto a la jornada, se ha acordado una reducción de 16 horas (8 en 2024 y otras 8 en 2025) y un día adicional de vacaciones (sumando un total de 23 días hábiles).

En materia de contratos, aquellas contrataciones que se hagan por picos de trabajo puntuales, conforme a la modalidad de contrato por circunstancias de la producción que contempla la reforma laboral, tendrán una duración de hasta 12 meses, no de 6 como hasta la fecha. Asimismo, las partes se comprometen a establecer un umbral salarial en los contratos formativos, que será de lo correspondiente al SMI para los de obtención de la práctica profesional y del SMI +10% en el segundo año para los de formación en alternancia o FP dual.

En materia de licencias, se conceden dos horas adicionales, hasta 24, para acompañamiento de menores o familiares dependientes de primer grado al médico, y se contemplan 16hs para la realización de exámenes oficiales de capacitación profesional.

Las dietas se desvinculan de los incrementos pactados, salvo en 2025, que sí se actualizarán conforme al incremento salarial. Asimismo, se incrementarán los importes del seguro colectivo en 2.000 euros y se regularán el plus de guardias y disponibilidad.

La subrogación, fuera del acuerdo

Queda fuera del acuerdo la subrogación, que habían solicitado en varias ocasiones los sindicatos, y que la parte empresarial rechazó desde un inicio con total transparencia, por considerarla un concepto que “va absolutamente en contra de la competitividad y es injusto con los trabajadores, la descartamos no por capricho, sino porque no aporta valor al sector”. Añaden en este sentido que “el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ya protege absolutamente al trabajador de cualquier actuación irregular, por lo que no es admisible llevar a cabo ningún tipo de privilegio especial para un número reducido de trabajadores, discriminando así a la amplísima mayoría de trabajadores del sector”.

Acuerdo garantista

Desde la parte empresarial insisten en su comunicado en que este es un acuerdo garantista con el que ganan todas las partes. Inciden en que este convenio sigue siendo un referente para empresas y trabajadores a nivel estatal, siendo uno de los principales, no solo en Galicia sino también fuera, afectando a más de 33.000 trabajadores de 3.700 empresas de un sector que representa el 20% del PIB de Galicia. “Lo que no podemos pretender es tener convenios idénticos por toda España, obviamente cada uno contempla sus casuísticas, pero los trabajadores pueden estar tranquilos porque se protegen sus derechos y las empresas también tienen una salvaguarda absolutamente legal y regular para garantizar un marco de competencia”.

El preacuerdo alcanzado queda ahora supeditado a su aprobación en la asamblea de trabajadores, tras lo cual se procedería a firmar el texto final del acuerdo del nuevo convenio colectivo del sector metalúrgico pontevedrés. 

Valoración positiva, para la CIG

Conocido el preacuerdo y a la espera de que los trabajadores se pronuncien en las asambleas convocadas para este jueves, desde la CIG-Industria se valora de manera positiva este acuerdo por cuanto garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Desde el sindicato destacan que "fomos quen de manter o poder adquisitivo dos salarios" puesto que, además de los incrementos del 3% por cada año de vigencia del nuevo convenio, se introduce una cláusula de revisión de hasta dos puntos por encima de la subida pactada, generando atrasos con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Se recupera así un derecho (el cobro de los atrasos desde inicios del aoñ) que se había perdido en anteriores negociaciones, apuntan desde la central sindical.